OPINIÓN | PSOE Xàbia
A medida que se conocen más detalles sobre la cesión arbitraria que la alcaldesa hizo de una vivienda social a alguien «que fue a hablar con ella», surgen más dudas y más zonas oscuras en el relato. De entrada, el particular que finalmente se hará con la vivienda de la Sareb era quien más dinero había ofrecido por ella y alguien que, en todo caso, solamente tenía un crédito preaprobado (y que tenía solvencia económica contrastada). Y que sabía, porque así se le tenía que haber informado, que su operación no sería firme hasta que el Ayuntamiento decidiese hacer uso o no de su derecho al tanteo. Es decir, que en ningún caso se puede hablar de «quitar» una casa a nadie porque no era suya ni se había formalizado nada en ese sentido.
Estos hechos casan mal con la supuesta «necesidad» que esgrimió Rosa Cardona para privar a Xàbia de una vivienda social que hubiese formado parte del patrimonio municipal y hubiese servido para aliviar la situación habitacional de muchas otras personas, siempre bajo informes técnicos – que no existen en este caso – y valoraciones imparciales y transparentes – cosa que tampoco se ha dado-.
Ante esto, llama la atención que se presente como «empatía» lo que debe regirse por el principio de legalidad según baremos públicos y objetivos. La presunta «caridad arbitraria» de Rosa Cardona lo que hace en este caso es privar de un recurso muy valioso (y para siempre) a otras personas que pudieran estar en las mismas condiciones o incluso peores. Solicitudes que se hubieran tenido que estudiar y valorar a través de los Servicios Sociales municipales con transparencia y no en una conversación de despacho.
Además, abre la puerta a futuras arbitrariedades, porque según lo que acaba de pasar ¿quién decidirá el criterio de las ayudas sociales? ¿Los técnicos responsables tras hacer un estudio y realizar los informes legales o la alcaldesa en su despacho?
Son dudas que se abren a partir de un hecho inédito en el Ayuntamiento de Xàbia: dejar de lado el principio de legalidad por una arbitrariedad personal que ha acabado pagando el patrimonio de Xàbia y las personas que ya no podrán beneficiarse del recurso que se ha dejado perder.