El PSOE de Xàbia muestra su sorpresa «porque la alcaldesa haya renunciado a una vivienda social para que se la quede una persona que habló» con ella
OPINIÓN | PSOE de Xàbia
Mientras que el ritmo de construcción privada sigue subiendo a máximos históricos (este año ha crecido un 25% y las grúas son visibles en todo el término), el drama del acceso a la vivienda continúa sin que el gobierno de Rosa Cardona haga nada por evitarlo.
Los jóvenes se van, las familias con bajos recursos no pueden acceder a una casa, los trabajadores han de renunciar a vivir en Xàbia… y al mismo tiempo el Ayuntamiento devuelve a la Generalitat más de 8.000 euros de ayudas al alquiler porque no se cumplen los requisitos.
Por si fuera poco, la alcaldesa, Rosa Cardona, reconoció en el pleno que Xàbia no comprará una vivienda social (a un precio de 155.000 euros) porque ha decidido cedérsela directamente a un vecino que fue a hablar con ella. Para el Grupo Municipal Socialista esto es algo inaudito. Y grave, muy grave. El portavoz socialista, José Chulvi, recordó que «el Ayuntamiento no puede funcionar por un capricho personal, sino que ha de seguir procesos reglados, transparentes, garantistas y de acuerdo al interés general».
Ahora Xàbia, con esta arbitrariedad, ha perdido la ocasión de tener una vivienda (que mañana puede volver a salir a la venta por mucho más dinero) para paliar las necesidades de jóvenes, personas en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, ancianos, etc. Una propiedad que hubiese sido siempre municipal y social – cedida a cualquier persona que la necesite, pero bajo criterios técnicos públicos – y que ahora se pierde «porque alguien fue a hablar con Rosa Cardona».
Tal como manifestó Chulvi, «esta situación no se puede volver a repetir y desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos ejerciendo nuestra labor de oposición para aclarar todo lo sucedido con esta vivienda».
Asimismo, el gobierno del PP sigue adelante con su idea de vender por 288.000 euros parcelas municipales que valen 1,4 millones para que las empresas saquen a la venta pisos “sociales” que exigirán a los candidatos suscribir costosas hipotecas en lugar del alquiler protegido que preveía el proyecto del PSOE con el gobierno del Botànic.