El alcalde de Xàbia, José Chulvi, y la concejala de Urbanismo, Pepa Gisbert, han comparecido hoy para dar respuesta a la acusación realizada por los grupos de la oposición sobre la situación urbanística de la Granadella.
Los portavoces del PP, Compromís y Ciudadanos criticaron que el equipo de gobierno recalificara suelo protegido para salvar la casa de un funcionario. Ante esta acusación, el alcalde de Xàbia desmiente rotundamente, que esto sea cierto: «es una mentira y una falsedad. El suelo de la Granadella es y será suelo no urbanizable y protegido» y añade «Todo esto de que el Ayuntamiento recalifica, blinda terrenos o blanquea presuntas ilegalidades es una mentira que demuestra, o poca ética o pocas luces».
El alcalde de Xàbia se ha mostrado sorprendido ante las acusaciones de la oposición, «todos los documentos del Plan General, así como los planos, se pueden consultar en la web del Ayuntamiento, a sólo 6 clicks, y se puede comprobar que es mentira la afirmación de la oposición».
José Chulvi ha seguido respondiendo al comunicado de los partidos de la oposición añadiendo que «no sólo el suelo de la Granadella es no urbanizable y protegido sino que la zona a la que ellos hacen mención tiene más restricciones debido a que es zona de afección de la declaración de núcleo histórico de la Avenida del Tío Catalá y este suelo, además está clasificado como ecológico-paisajístico».
El primer edil xabiero ha continuado explicando que hace unos días hubo Comisión de Urbanismo, «y ahí, ningún portavoz, preguntó por este tema, teniendo la oportunidad». Chulvi ha señalado que este tipo de actuaciones, «en el que me atacan personalmente, demuestran el poco interés de los cargos públicos por aprender y el conocimiento nulo sobre la situación de la Granadella». «El borrador del Plan General estuvo en exposición pública varias veces, si se hubiese recalificado (como afirman), no se hubieran dado cuenta ahí», destaca Chulvi.
El alcalde de Xàbia ha proseguido indicando que el expediente de infracción urbanística está abierto «y es un tema judicial desde 2009 y el Ayuntamiento no lo ha cerrado».